Ojo por Ojo en el siglo XXI

Déjese llevar un momento por el siguiente supuesto: es usted una de las personas más importantes del barrio o la comuna, tal vez la más importante. Rodeado de tantas personas y con intereses plurales se ve usted en la obligación de iniciar un registro, detallando cada uno de sus contactos y teniendo en cuenta características tanto de la vida privada como de la vida pública. El registro lo sistematiza en su computador personal con restricciones en el acceso. La información que va obteniendo la va depositando en el archivo creado y se hace cada vez más grande y con datos más y más delicados por la privacidad y subjetividad con la que analiza usted esa información. Finalmente, un hacker entra en su sistema roba la información y para colmo de males, la publica poco a poco en el diario principal de su barrio o comuna.

Con este ejemplo puede ejemplificarse en una escala pequeña el daño sufrido por Estados Unidos, pero sobre todo, el daño sufrido por las fuentes de la información obtenida y que fueron publicadas en Wikileaks; se da la oportunidad de dos debates, ninguno de los dos de carácter objetivo claro está: llevados por los intereses políticos sectarios, pueden sus simpatizantes  reivindicar el derecho a la privacidad de la información y condenar la actuación criminal del hacker, o pueden sus detractores aprovechar para deslegitimar la forma de conseguir la información y además los contenidos.

De una u otra manera, usted habría quedado muy mal ante su comunidad por la publicidad de la información de carácter privada y delicada, y sus fuentes, puesto que estarían enfrentadas al escarnio público como traidoras siendo lo menos.

Pero el debate constitucional es el derecho a la información. Es allí donde fracasa el sistema constitucional moderno. Si tomáramos los derechos en serio, los documentos no abrían tenido porque salir a la luz pública dada su obtención de forma ilícita, y además los ciudadanos abríamos estimado mejor no leer esa información y menos darle el crédito que merece. Se trata de condenar la obtención de fines por medios ilegales o deslegitimados. Pero el morbo y el oportunismo son más fuertes que las razones jurídicas y morales del sistema.

Por supuesto no falta el que justifica la actuación del hacker afirmando que USA ha hecho precisamente lo mismo. Ojo por Ojo.

Que más da, el daño ya está hecho, no solo a USA, los aliados y las fuentes; nuevamente se deja a la luz pública la hipocresía del sistema de Estado de Derecho occidental, no priman los derechos, priman “intereses”

Alejandro Guzmán Rendón